Qué dice la ley de propiedad privada que impulsa Milei en el Congreso: desde barrios populares a desalojos
El Gobierno busca acelerar en el Congreso una reforma que introduce cambios en expropiaciones, desalojos, tierras rurales y registros, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y eliminar restricciones vigentes.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso a fines de marzo de 2026 un proyecto de ley que propone una reforma integral del régimen de propiedad privada en la Argentina. La iniciativa tiene como objetivo eliminar restricciones consideradas ilegítimas, reforzar la protección constitucional del derecho de propiedad (artículo 17) y mejorar la seguridad jurídica.
El oficialismo busca acelerar su tratamiento parlamentario y reunir consensos para llevarlo al recinto antes de fin de abril. El texto se estructura en seis ejes principales e introduce modificaciones sobre leyes clave vinculadas a expropiaciones, desalojos, tierras rurales, manejo del fuego y registros inmobiliarios.
Vale la pena resaltar que el proyecto de ley del Gobierno establece que los procesos iniciados bajo el régimen anterior no se verán afectados. De este modo, se dispone el respeto de los derechos adquiridos conforme a la legislación vigente al momento de su inicio.
Cambios clave en expropiaciones
El proyecto oficialista modifica la Ley 21.499 y redefine los criterios para declarar la utilidad pública de una expropiación. La iniciativa, que surgió a raíz del litigio que tuvo que enfrentar el Estado argentino por más de 10 años como consecuencia de la expropiación de YPF, establece que la declaración debe ser restrictiva y cumplir con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en línea con el artículo 28 de la Constitución.
En relación con la indemnización, se fija que el valor del bien debe calcularse según el precio de mercado en la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda afectarlo. El texto incorpora además la posibilidad de incluir lucro cesante —si está acreditado—, actualización por IPC y el pago de una tasa de interés comercial hasta la cancelación.
Además, el proyecto propone limitar la ocupación temporánea a un máximo de 60 días, con posibilidad de prórroga por 30 días adicionales en casos excepcionales. También amplía la figura de expropiación irregular para abarcar situaciones en las que el Estado priva sustancialmente del uso, goce o disposición de un bien sin expropiarlo formalmente.
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Desalojos más rápidos
La iniciativa introduce a su vez cambios en el Código Procesal Civil y Comercial y en el Código Civil y Comercial en materia de desalojos. El juicio de desalojo pasa a tramitar por la vía sumarísima, con el objetivo de reducir los plazos del proceso.
Entre las medidas, se incluye la posibilidad de restitución inmediata del inmueble en casos de ocupación, siempre que exista verosimilitud del derecho y caución juratoria. El proyecto prevé resoluciones en un plazo de cinco días y establece un reconocimiento judicial obligatorio dentro de las 72 horas para identificar a los ocupantes.
Y también modifica los mecanismos de ejecución del desalojo. Se habilita el uso de la fuerza pública, el allanamiento y la apertura de cerraduras para cumplir con el mandamiento de lanzamiento.
En casos de desalojos por falta de pago, se establece una intimación previa de tres días. Asimismo, se contempla la posibilidad de desocupación inmediata bajo caución.
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Así, entre los principales cambios que introduce el proyecto impulsado por Javier Milei en materia de desalojos, se destacan los siguientes puntos:
- Reducción de 10 a 3 días del plazo de intimación por falta de pago en alquileres.
- Implementación del juicio sumarísimo para todos los procesos de desalojo.
- Posibilidad de desocupación anticipada del inmueble bajo caución juratoria.
- Resoluciones judiciales en plazos abreviados.
- Habilitación de lanzamientos con uso de la fuerza pública y en días inhábiles.
- Limitación de pruebas a documentación y pericias.
- Incorporación del domicilio electrónico como medio válido de notificación.
Estas medidas forman parte del capítulo que modifica los procedimientos judiciales con el objetivo de acotar los tiempos de resolución en conflictos por ocupación o falta de pago.
Barrios populares y títulos de propiedad
El proyecto introduce modificaciones en la Ley 27.453 sobre regularización de barrios populares, también conocidos como “villas”, derogando la mayoría de los artículos que imponían un esquema centralizado y automático de expropiación por parte del Estado nacional, que en más de siete años apenas logró entregar títulos de propiedad al 0,08 % de los terrenos registrados en el RENABAP.
En su lugar, se propone un modelo descentralizado en el que las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumen un rol principal. El texto habilita el uso de herramientas como la prescripción adquisitiva, la vacancia y los convenios urbanísticos para la regularización.
El Estado nacional queda reducido a un rol de coordinación y asistencia técnica, con el objetivo de agilizar la entrega de títulos y eliminar las trabas que impedían el acceso al crédito y el desarrollo económico de los habitantes de los barrios populares.
Ayer, mientras se discutía glaciares en Diputados, arrancamos el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada en el Senado. La Ley de Glaciares era un cerco a la actividad minera. La Ley de Tierras es un cerco a la actividad agropecuaria y forestal. Argentina había elegido ser… pic.twitter.com/TLK44eedjc
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 9, 2026
Tierras rurales y propiedad extranjera
La iniciativa modifica la Ley 26.737 sobre tierras rurales. El proyecto elimina la prohibición general para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
La restricción se mantiene únicamente para Estados extranjeros, empresas estatales y sus controladas. Asimismo, se preservan las limitaciones vigentes en zonas de frontera conforme al Decreto-Ley 15.385/44.
Manejo del fuego y uso del suelo
El proyecto introduce cambios en la Ley 26.815 sobre manejo del fuego. La iniciativa deroga las prohibiciones de cambio de uso del suelo que se extendían durante períodos prolongados tras incendios.
Las restricciones se mantienen únicamente para bosques nativos protegidos por la Ley 26.331 y para bosques no productivos contemplados en la Ley 13.273. El texto incorpora además medidas vinculadas a la prevención, vigilancia, investigación de causas y programas de restauración ambiental.
Digitalización del registro de la propiedad
El último eje del proyecto modifica la Ley 17.801 del Registro de la Propiedad Inmueble. La iniciativa establece la digitalización total del sistema registral.
Se habilita el uso de documentos electrónicos, firma digital y la realización de trámites en formato completamente online. El objetivo es reducir plazos, costos administrativos y la carga burocrática en las operaciones inmobiliarias.
Debate por el impacto en barrios populares
Un informe publicado por La Nación advierte sobre el posible impacto del proyecto en los barrios populares y plantea interrogantes sobre el alcance de los cambios propuestos. Según ese medio, especialistas en vivienda alertan que la reforma podría modificar el esquema vigente de regularización y generar incertidumbre sobre la continuidad de los procesos en curso.
En ese marco, la directora de Hábitat para la Humanidad Argentina, Bárbara Bonelli, sostuvo que la iniciativa “termina con la suspensión de los desalojos” en estos territorios. De acuerdo con su planteo, esto podría exponer a familias que ya iniciaron procesos de regularización a eventuales acciones judiciales tanto del Estado como de privados.
Bonelli también señaló que el proyecto elimina la declaración de utilidad pública de los terrenos donde se asientan barrios populares, un elemento clave del régimen actual. Esto, según su visión, podría afectar los mecanismos que permitían avanzar en la regularización dominial mediante expropiación y compensación a los propietarios formales.