Ley de Infraestructura de Sheinbaum nace entre pros, contras y riesgos fiscales
La Ley de Infraestructura es una buena noticia para atraer inversiones, pero también hay áreas de mejora y riesgos fiscales, dijeron expertos a Bloomberg Línea.
La Ley de Infraestructura es la apuesta central de la presidenta Claudia Sheinbaum para reactivar la inversión y detonar el crecimiento económico, y aunque nace con varios pros, enfrenta riesgos fiscales, de transparencia, pese a sus incentivos para impulsar el desarrollo.
La presidenta ha reconocido que necesita del sector privado para poder financiar obras y lo admite en un momento en el que quiere continuar con la agenda billonaria de programas sociales y aumentar la inversión pública, mientras su Gobierno prepara un apretón de cinturón para reducir el déficit fiscal.
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La Ley de Infraestructura llegó con una reforma presupuestaria que busca una mejor planeación y financiamiento de proyectos estratégicos. En principio, es una buena noticia para atraer inversiones, pero también hay áreas de mejora y riesgos fiscales por un posible crecimiento del gasto, dijeron a Bloomberg Línea cuatro expertos en finanzas públicas.
Úrsula Carreño, consultora senior de infraestructura y estrategia de inversión, dijo que el objetivo de la Ley es atraer mayor capital privado bajo un marco de planeación, coordinación y financiamiento, y no únicamente de contratación de proyectos, a diferencia de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APPs).
“Está demostrado que sin inversión no hay crecimiento y el Gobierno busca incentivarla, pero hay áreas de oportunidad y una es la parte de riesgos y pasivos contingentes. Debe haber una mejor evaluación, gobernanza, asignación de riesgos y una mejor protección de las finanzas públicas”
Consultora Úrsula Carreño
La Ley de APPs fue promulgada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) en su último año de Gobierno y fue implementada por su sucesor el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Carreño estuvo a cargo de la Estrategia Nacional de Colaboración Público-Privada y del Programa de Infraestructuras 2014-2018 en la administración de Peña Nieto, fue titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y después se convirtió en la primera mujer subsecretaria de Egresos.
Hasta 2019, la Secretaría de Hacienda tenía registrados 25 proyectos APPs, cifra que se detuvo ahí ante la llegada a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2022), quien calificó esas asociaciones como “abusivos y contratos leoninos” que favorecían a los privados. “Se acabó la robadera”, decía desde Palacio Nacional.
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AMLO, como se le conoce al expresidente, cerró su Gobierno con un déficit fiscal récord de casi 6% del PIB debido a que, para terminar sus megaobras, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, pidió más deuday así financiar esos proyectos de campaña.
Consciente de que está limitada a gastar como lo hizo su antecesor, en su intención de reducir el déficit fiscal heredado, Sheinbaum decidió reanudar las alianzas público-privadas bajo el nombre de inversiones mixtas y avaló múltiples esquemas financieros para atraer a grandes inversores y elevar el gasto en infraestructura.
Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos Banamex, consideró positiva la Ley en el sentido de que hay intención del Gobierno de incrementar la inversión y es una buena señal porque se buscan las asociaciones, lo que es favorable para sectores como el energético.
“La Ley me parece una buena noticia en el sentido de incrementar la inversión. Básicamente van a ser asociaciones público-privadas, pero ese término es neoliberal, entonces van a decir asociaciones público-privadas del bienestar”
Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos Banamex
Hasta ahora la presidenta Sheinbaum no ha difundido un listado de potenciales proyectos como parte de su Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, en el que busca invertir MXN$5,6 billones durante su administración.
Los pros y los contras
La Ley de Infraestructura y la reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) entraron en vigor el 10 de abril de 2026 y, a más tardar, el 10 de agosto deberá quedar instalado el Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, que será presidido por la propia Sheinbaum.
Carreño considera que el Consejo, que definirá las prioridades de inversión, es una de las fortalezas de la Ley de Infraestructura, así como la incorporación de Vehículos de Propósito Específico y la Base de Datos Nacional de Infraestructura Estratégica, que ayudarán a mejorar el seguimiento y la transparencia de los proyectos.
Resaltó como pro que la Ley incorpora compromisos plurianuales, riesgos y contingencias fiscales que no contempla la Ley de APPs, lo cual ha sido una de las principales críticas de organismos multilaterales.
En contraste, las “áreas de oportunidad” de la Ley son la metodología de evaluación de proyectos; la gobernanza, en el sentido de que el Consejo de Planeación Estratégica concentra “mucho” las decisiones dentro del propio Gobierno, sin una instancia de revisión; y la parte contractual que tiene que ver con cerrar los límites para renegociaciones históricas.
Ostolaza, de Banamex, dijo que cualquier presupuesto multianual enfocado a infraestructura es una excelente noticia en el papel, pero el reto será hacerlo operativo y que los actores involucrados se logren poner de acuerdo, asimismo, anotó como un riesgo la ausencia de mecanismos de transparencia imparcial.
Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público en México Evalúa, señaló que las mejoras que se proyectan para la planeación y financiamiento de proyectos dependerán de lograr un equilibrio adecuado entre mayor flexibilidad para las inversiones y reglas claras que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Entre lo positivo se encuentra que ahora el Gobierno deberá mostrar compromisos de gasto a 5 años y se podrán iniciar procesos de contratación antes de contar con disponibilidad presupuestaria inmediata, lo que puede contribuir a agilizar la ejecución de proyectos prioritarios, aunque matizó que esta flexibilidad también implica riesgos.
“Iniciar contrataciones sin recursos asegurados puede generar incertidumbre, limitar la competencia y encarecer los proyectos. Además, comprometer gasto futuro sin aprobación previa, abre espacios de discrecionalidad y debilita el papel del Congreso, reduciendo el presupuesto a decisiones prácticamente ya tomadas”
Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público en México Evalúa
Cano refirió que algunos de los cambios realizados en la Ley de Presupuesto hacen las reglas fiscales más flexibles y una menor parte del gasto tendrá límites claros de crecimiento, además, hay un cambio en el uso de la deuda que debilita el vínculo entre endeudamiento e inversión, abriendo espacio a financiar gasto corriente.
José Luis Clavellina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo que causó sorpresa que el Gobierno aprovechara la Ley de Infraestructura para hacer ajustes a un concepto de gasto público en una ley presupuestaria.
La reforma a la Ley de Presupuesto elimina los programas sociales de la definición de gasto corriente estructural, es decir, al descontar rubros que el Gobierno ahora considera ineludibles, queda un gasto corriente estructural más pequeño.
Ese gasto que queda después de haber eliminado ciertos rubros es un componente que se creó hace una década para tratar de limitar el crecimiento del gasto público, explicó Clavellina.
“Se buscó que no creciera mucho el gasto y por ende no creciera tanto la deuda pública. Con la reforma ahora nos quedó un gasto corriente estructural más pequeño y el crecimiento de eso se calcula con el crecimiento del PIB potencial”
José Luis Clavellina, director de investigación del CIEP
Cano, de México Evalúa, dijo que este cambio significa que el crecimiento de una mayor proporción del gasto ya no estará anclado al crecimiento de la economía. La senadora de oposición, Claudia Anaya, dijo durante la aprobación en el Congreso que este ajuste fiscal resultará en un crecimiento desbordado de gasto corriente.
Vehículos de inversión y riesgos fiscales
El nuevo esquema de inversión -que estaría desplazando el de las APPs- plantea mayor flexibilidad y el uso de vehículos financieros que quedarían fuera del presupuesto.
Se proponen cuatro posibles tipos de inversiones mixtas: inversión pública predominante, inversión privada predominante, esquema de coinversión y esquema con Vehículos de Propósito Específico que utilizarán fideicomisos o instrumentos de inversión que permitan canalizar recursos y diferir el impacto fiscal.
Carreño asegura que los Vehículos de Propósito Específico no son un esquema nuevo. De hecho, dijo que estos se actualizaban también en las contrataciones de la Ley de APPs, la diferencia ahora es que esos esquemas los incluyeron específicamente en la Ley.
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En muchas ocasiones -añadió- la estructuración financiera de los proyectos de inversión es a través de Vehículos de Propósito Específico. Si el vehículo lo crea el privado y no hay una participación del sector público, quien emite la deuda y obtiene la deuda es el privado.
Si el vehículo tiene una participación del sector público, pero los recursos no provienen del presupuesto, no tiene por qué computar como deuda los recursos obtenidos, lo cual está normado tanto en la Ley General de Deuda como en la LFPRH y la Consejería Hacendaria.
“No porque se cree el Vehículo de Propósito Específico significa que pueda adquirirse deuda, es decir, no es un tema de darle la vuelta a la deuda. Si en su momento hay una operación en la que haya recursos presupuestarios y el que obtiene la deuda es entidad pública, en ese caso sí se computa para deuda”
Consultora Úrsula Carreño
Para Ostolaza, la incorporación de la figura de Vehículos de Propósito Específico significa hacer lo que sea necesario para conseguir recursos de acuerdo con las condiciones del mercado financiero en determinado momento.
“Pueden ser P-Caps (Notas Precapitalizadas), pueden ser warrants, el nombre específico del producto me parece irrelevante. Lo relevante es el riesgo que puede traer en función de la especificidad del mismo”
Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos Banamex
¿Y qué pasaría en un escenario en que un privado contrató deuda para un proyecto y después de un tiempo abandona dicho proyecto que también tuvo recursos del presupuesto?
Carreño sostuvo que una de las áreas de oportunidad de la Ley de Infraestructura es precisamente la parte de riesgos y pasivos contingentes.
Debe existir una evaluación sobre los riesgos fiscales que en este caso son los pasivos contingentes y -agregó- el Gobierno podría resolver estas situaciones con un fondo de contingencia.
La exsubsecretaria de Hacienda dijo que siempre habrá riesgos fiscales y el Gobierno debe estar preparado para enfrentarlos, pero si los proyectos tienen la evaluación y estudios de factibilidad correctos no deberían ocurrir.
“Ya tenemos la experiencia no solo en México, sino en otros países, de que a los proyectos mal planeados el Gobierno termina rescatándolos y poniendo los recursos. Eso ocurrirá si no hay una buena planeación y evaluación de los proyectos”
Consultora Úrsula Carreño